Los abogados de la psiquiatra, quien es exesposa de Alberto Larraín -investigado por el Caso ProCultura-, pidieron al tribunal que se adopten las medidas necesarias para "anular los efectos que esta situación haya provocado en los términos aquí solicitados".
La defensa de Josefina Huneeus presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta tras la interceptación de su teléfono, donde se dieron a conocer conversaciones que mantuvo con el presidente Gabriel Boric.
Su abogado, Alejandro Awad, advirtió que existió interceptación de una conversación privada “sin que existiera justificación legal alguna ni vínculo con investigación en su contra”.
Además, acusó que el “pinchazo” es una “grave vulneración de su intimidad y su libertad individual. Josefina fue víctima de una intromisión ilegal y arbitraria que debe ser enmendada. Debe evitarse que este tipo de abusos se normalicen en nuestro sistema judicial”.
Con la acción, Awad y Miguel Schurmann buscan invalidar tres resoluciones del Juzgado de Garantía de Antofagasta, además de establecer como ilegal la interceptación del teléfono de Huneeus, quien es exesposa de Alberto Larraín, director de Fundación ProCultura.
En el escrito, se indica que la psiquiatra no figuraba en el listado de las 17 personas que eran investigadas. Esa intercepción se autorizó en octubre de 2024, en el marco de la indagatoria por el Caso ProCultura.
“Nuestra representada no era una de esas 17 personas. Ni se encontraba dentro de las personas comprendidas por la solicitud del Ministerio Público ni fue considerada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta al momento de autorizar la diligencia de interceptación telefónica”, indicaron los juristas.
Además, aseveraron que se han “decretado medidas gravemente intrusivas en una investigación actualmente conocida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta sin tener ningún antecedente para atribuirle responsabilidad penal” a Huneeus.
En esa línea, indicaron que a pesar de que la Fiscalía de Coquimbo dio cuenta del “error”, decidieron mantener la medida de igual modo. Esto se hizo “bajo la suposición de que le pertenecía a otra persona”, en este caso, a Alberto Larraín.
“De este modo, la concesión por parte del Juzgado de Garantía de Antofagasta de esta insólita petición, sin fundamento real, y las posteriores renovaciones de esta diligencia, menoscaban gravemente las garantías de doña Josefina. Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas, espionaje”, se lee en el documento.
Asimismo, acusan que “la afectación ilícita a estos derechos constitucionales produce, por vía indirecta, un menoscabo en su libertad personal porque las consecuencias de este acto ilegal la han dejado expuesta, injustificadamente, a una persecución penal por delitos a los que la ley les asigna pena de crimen. Lo expuesto configura un escenario de menoscabo de las garantías constitucionales de doña Josefina”.
Es por ello que los abogados solicitaron al tribunal que se adopten las medidas necesarias para “anular los efectos que esta situación haya provocado en los términos aquí solicitados”.
Piden “dejar sin efecto la resolución impugnada de fecha 16 de octubre de 2024 en la causa del Juzgado de Garantía de Antofagasta y, en consecuencia, se declare la ilegalidad de la resolución del 16 de octubre de 2024, así como también las resoluciones de 6 de diciembre de 2024 y 10 de febrero de 2025 y de todas aquellas diligencias y resoluciones que derivan de las mismas, con sus respectivos resultados, eliminando
de la investigación todo lo obtenido en base a estos actos ilegales”.
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, habló en CNN Prime sobre la persecución de "la ruta del dinero" que financia lavado de activos para financiar crimen organizado, corrupción y otras actividades ilícitas como el terrorismo, y por qué les es tan necesaria la herramienta de levantar el secreto bancario.
