Entre los investigados figuran el director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín, su círculo cercano y varios miembros clave del equipo administrativo y operativo de la organización. La diligencia busca esclarecer el eventual desvío de fondos públicos adjudicados por el Estado.
En el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción vinculados a la entrega de fondos públicos a la fundación ProCultura, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la interceptación de 26 líneas telefónicas, utilizadas por 17 personas relacionadas con la entidad.
La medida, autorizada el 2 de octubre de 2024, forma parte de una de las diligencias clave del caso.
El requerimiento de la Fiscalía apuntaba a establecer posibles responsabilidades penales en la eventual comisión de delitos graves, entre ellos fraude al Fisco y lavado de activos.
“Existen fundadas sospechas, basadas en hechos determinados”, argumentó el fiscal Cooper, quien calificó las interceptaciones como esenciales para la investigación en curso.
Según consignó La Tercera, entre los números intervenidos se encuentran los del propio director ejecutivo de ProCultura, el psiquiatra Alberto Larraín Salas, así como el de su padre, Alberto Federico Larraín Lohmayer.
También fue incluida su expareja, la psiquiatra Josefina Huneeus, quien fue identificada por la PDI al detectar que utilizaba una de las líneas registradas a nombre del investigado.
La lista incluye además a Allan George Mix Vidal, presidente del último directorio de la ONG y jefe de Urgencia del Hospital Salvador, donde trabajó Larraín; a María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la fundación y querellada por el Consejo de Defensa del Estado; y a Patricia Ilonka Csillag Pimsteim, fotógrafa y gestora cultural, cofundadora de la organización.
Las escuchas autorizadas también alcanzaron a varias figuras del equipo operativo y administrativo de ProCultura, incluyendo a su jefa de finanzas, María José Maturana; la abogada María Eugenia Sabbagh; el contador José Villarroel; y Emilio Marinao, subdirector ejecutivo de la fundación.
Otras personas monitoreadas por orden judicial incluyen a Pablo Durán, encargado territorial del área de Vivienda; Francisco Fuentes, jefe del Circuito Lorca; Nicolás Ormeño y Salvador Núñez, ambos del equipo de Vivienda y Ciudad; y María Teresa Abusleme, directora de estudios en la Región Metropolitana.
La lista se cierra con Macarena Fernández, directora regional de Magallanes, y Enrique Aracena Reyes, quien trabajaba como chofer en la organización.
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, habló en CNN Prime sobre la persecución de "la ruta del dinero" que financia lavado de activos para financiar crimen organizado, corrupción y otras actividades ilícitas como el terrorismo, y por qué les es tan necesaria la herramienta de levantar el secreto bancario.
