Los diputados Felipe Donoso, Marlene Pérez y Gustavo Benavente solicitaron al CDE actuar con mayor proactividad y no descartar posibles responsabilidades de autoridades de gobierno, incluyendo a exasesores de La Moneda y otras figuras oficialistas del caso.
Este domingo, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) ampliar la querella presentada contra la Fundación ProCultura, ante la aparición de nuevos antecedentes que apuntarían a un posible uso irregular de fondos públicos para financiar campañas políticas, incluida la del Presidente Gabriel Boric.
El fiscal Patricio Cooper argumentó que existen indicios de que fondos provenientes de convenios adjudicados a ProCultura fueron desviados para financiar de manera irregular la campaña presidencial de Gabriel Boric.
Cabe recordar que la solicitud de interceptación del teléfono de Boric fue rechazada por un tribunal, que consideró que no existían fundamentos suficientes para autorizarla.
Sin embargo, el fiscal Cooper insiste en la necesidad de obtener más información para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Los diputados Felipe Donoso, Marlene Pérez y Gustavo Benavente —este último parte de la comisión investigadora del caso— solicitaron formalmente al CDE que informe en los próximos días qué medidas adoptará frente a esta nueva arista del caso, que ya está siendo investigada por la Fiscalía Regional de Coquimbo.
La querella inicial del CDE, presentada en 2024, contemplaba presuntas irregularidades por $500 millones.
Sin embargo, según aseguraron los parlamentarios a través de un comunicado, el Ministerio Público ya indaga delitos por montos que superarían los $6 mil millones y que podrían involucrar a autoridades políticas, como el exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y otros personeros oficialistas.
Ante este nuevo escenario, los diputados calificaron como “urgente” que el CDE amplíe su acción judicial para incluir delitos asociados al eventual financiamiento ilegal de campañas. En particular, los parlamentarios recalcaron la necesidad de esclarecer si hubo desvío de fondos públicos hacia campañas electorales, incluso la del actual Mandatario en 2021.
“Es fundamental que el Consejo de Defensa del Estado actúe con total independencia y no descarte a priori la eventual responsabilidad de autoridades de La Moneda. Debe quedar claro que ningún cargo puede significar impunidad”, señaló Donoso.
Los diputados también insistieron en que las investigaciones deben abarcar a “todas las autoridades, exautoridades o candidatos” involucrados, sin importar su actual posición política o institucional.
“La transparencia exige que el CDE no se inhiba de ejercer acciones legales también contra representantes del Gobierno si corresponde. Este es el momento en que debe demostrar que no hay ciudadanos por sobre la ley”, agregó Benavente.
Además, el también parlamentario acusó que Larraín, cofundador de la entidad, arrastró recursos y personas en una operación que terminó defraudando al Fisco.
