La acción judicial, que ya fue admitida a trámite, podría derivar en una solicitud de desafuero y prisión preventiva, en un caso que guarda similitudes con otros escándalos de financiamiento político y que se suma a la compleja situación judicial que enfrenta su esposa, Cathy Barriga.
La semana pasada, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el diputado Joaquín Lavín León (exUDI), en el marco de una investigación penal liderada por la Fiscalía Oriente, que lo vincula a delitos de malversación de caudales públicos.
La acción judicial fue admitida a trámite este fin de semana y se suma a una compleja trama que lo acerca a una eventual solicitud de desafuero.
De acuerdo con el texto de la querella, el parlamentario habría ejecutado un mecanismo de financiamiento ilegal de su campaña política mediante la rendición de facturas ideológicamente falsas, sin respaldo en servicios reales, con el fin de desviar recursos desde el Congreso Nacional.
El documento detalla que estas maniobras se realizaron con ayuda de su exasesor Arnaldo Domínguez.
“Los querellados se concertaron para rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin mediar prestación de servicio alguno relacionado con las funciones propias del ejercicio del parlamentario”, señala la acción penal, patrocinada por el procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía.
Según consignó La Tercera, el CDE además solicitó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se sume a la causa por eventuales delitos tributarios, lo que podría agravar la situación del legislador.
El modus operandi descrito recuerda a escándalos de financiamiento irregular de campañas, como los casos Penta y SQM. En esta ocasión, el diputado Lavín habría utilizado empresas como MMG SpA y Modo 74 SpA para justificar gastos inexistentes, canalizando recursos públicos hacia el pago de deudas de campaña.
Una de las maniobras detectadas por el CDE incluye la presentación de 151 facturas —por un total de $75.254.410— bajo el concepto de “mantención y sanitización de la página web y bases de datos”, pese a que la plataforma estaba inoperativa desde mediados de 2022.
La investigación también reveló intentos deliberados por ocultar los hechos, a través de triangulaciones con estas empresas para aparentar servicios de impresión e informática nunca prestados. El objetivo: lograr reembolsos indebidos del Congreso.
El documento desestima la línea de defensa del diputado, quien ha intentado responsabilizar a su asesor de las rendiciones.
Según el CDE, Lavín “instruyó y consintió” los desvíos de fondos públicos y tenía pleno conocimiento de las maniobras realizadas.
La querella también incluye el testimonio clave de Aída Olivares, la secretaria del diputado desde 2014, quien relató cómo durante la pandemia se usó una plataforma digital —SocialTazk— por dos años, pero que Lavín continuó rindiendo facturas de empresas vinculadas incluso después de dejar de utilizar el servicio, con el único objetivo de sustraer fondos del Congreso.
La acción legal pone al diputado Lavín León en una posición judicial crítica, especialmente considerando que la Fiscalía Oriente ya evalúa solicitar su desafuero para proceder con una eventual formalización.
Además, la querella solicita su prisión preventiva por la gravedad de los delitos imputados.
El caso de Lavín se da en paralelo a la compleja situación legal de su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien también enfrenta cargos por corrupción y fue enviada recientemente a prisión preventiva. Ambos casos son investigados por la misma fiscalía.
La señal nacional fue destacada en el "Informe Nacional 2025: Consumo de Noticias y Evaluación del Periodismo en Chile", elaborado por la escuela de Periodismo de la PUCV.
