El parlamentario dijo que la situación surgió hace cerca de cuatro años y que "hasta el minuto no tiene resultado". "He participado en muchas declaraciones, entregué mi teléfono, he colaborado con la justicia en todo procedimiento que me han solicitado, porque es lo que corresponde a cualquier chileno que es denunciado", aseguró.
El Consejo de Defensa del Estado (CD) interpuso una querella criminal contra el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), quien está acusado de un millonario fraude al fisco por una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias.
Tras ello, el parlamentario por la Región de Aysén afirmó que el tema “viene hace cerca de cuatro años” y advirtió que vuelve a ponerse sobre la palestra justo antes de las elecciones parlamentarias.
Explicó que mientras hacía campaña para la reelección como diputado, se levantó una denuncia anónima por redes sociales y que el Ministerio Público inició una investigación de inicio, que “hasta el minuto no tiene resultado”.
El proceso sigue en curso y “he participado en muchas declaraciones, entregué mi teléfono, he colaborado con la justicia en todo procedimiento que me han solicitado, porque es lo que corresponde a cualquier chileno que es denunciado”.
Calisto dijo que le llama la atención que “siempre reflotan este tema cuando estamos a pocos meses de la elección parlamentaria”, que es en noviembre.
De todos modos, aseguró que está tranquilo y que “en realidad, una investigación por oficio que inició la Fiscalía hace más de cuatro años, y que, evidentemente, el Consejo de Defensa del Estado tiene todo el derecho a participar, a conocer detalles y a hacerse parte del proceso”.
“La gente de mi región me conoce, sabe cómo hemos procedido durante todos estos años, desde hace más de 12 años que estoy en política, desde que era consejero regional, y, evidentemente, ellos saben también que en tiempos de campaña, en tiempos de elecciones, este tipo de prácticas ocurren“, reiteró.
Agregó que tomará las acciones correspondientes junto a un abogado para esclarecer los hechos.
La acción legal fue interpuesta en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, y también está dirigida contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein.
El CDE señaló que Graf se habría coludido con Calisto para celebrar una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios.
A cambio de las supuestas asesorías, habría recibido un pago a honorarios que aumentó gradualmente sin justificación.
El organismo apuntó a que Graf no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el parlamentario querellado y su círculo cercano.
Además, indicó que Graf habría recibido un pago de más de $100 millones por servicios que nunca prestó.
En Tolerancia Cero, el senador expresó también que el principal punto a favor de Jeannette Jara fue el haber conectado con quienes estaban desencantados en el progresismo.
