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Tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó sustituir la prisión preventiva de Manuel Monsalve por arresto domiciliario total, el Gobierno evitó pronunciarse sobre el fondo de la resolución y recalcó que se trata de una decisión exclusiva del Poder Judicial.
Este lunes, la Corte Suprema resolvió acoger el recurso de amparo presentado por la defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por los delitos de abuso sexual y violación en contra de una funcionaria subordinada.
El fallo del máximo tribunal ordenó su salida de la cárcel, donde permanecía en prisión preventiva desde hacía casi seis meses, y dispuso su arresto domiciliario total, junto con las medidas de arraigo nacional y prohibición de contacto con la víctima.
La resolución generó críticas desde distintos sectores, en particular por los fundamentos que permitieron su liberación. Ante ello, el Gobierno optó por desmarcarse del caso y subrayó que no tiene atribuciones sobre las decisiones adoptadas por el Poder Judicial.
Desde La Moneda, la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, explicó que el Ejecutivo no emite juicios sobre resoluciones de tribunales, enfatizando que se trata de un poder independiente cuyas decisiones deben ser respetadas.
En esa línea, sostuvo que el Gobierno no hará comentarios al respecto, ya que no le corresponde intervenir en este tipo de determinaciones.
“A nosotros como Ejecutivo no nos corresponde ni comentar ni opinar las decisiones judiciales, es un poder autónomo del Estado y sus decisiones tienen que ser siempre respetadas. Nosotros no tenemos nada que decir al respecto“.
Además, la autoridad se refirió a los dichos que el propio Monsalve entregó en su testimonio judicial, donde relató que, en su primer encuentro con el presidente Gabriel Boric —el 15 de octubre de 2024—, el mandatario le habría expresado que debía primar la presunción de inocencia.
Ante estas declaraciones, Etcheverry recalcó que el Gobierno ha colaborado activamente con todas las instancias que investigan el caso, remitiendo la información requerida tanto a los tribunales como al Congreso.
Añadió que incluso el Presidente ha ido más allá de lo exigido por sus atribuciones constitucionales, entregando antecedentes en espacios institucionales, y que no existen más elementos que agregar desde el Ejecutivo.
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