También se detectó que los productos tenían un precio de 70% por debajo del valor de mercado, lo que "hace que el fisco deje de percibir la cantidad de $1.900 millones aproximadamente (en materia de impuestos)".
La Brigada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual (Bridepi) de la PDI logró la incautación de más de 150.000 libros falsificados que estaban listos para ser comercializados en el centro de Santiago.
Se trata de tres locales comerciales y una bodega ubicadas en San Diego, lugar conocido por la venta de libros, a donde llegó personal de la PDI tras una denuncia realizada por la editorial Penguin por la presencia de libros falsificados.
El jefe nacional de delitos económicos, prefecto inspector Marcelo Romero, explicó que “para este tipo de delitos son los representantes de las marcas quienes deben necesariamente realizar la denuncia. En este caso, se contaba con una orden de investigar emanada de la Fiscalía de Centro Norte”.
De ese modo, tras un procedimiento de entrada y registro, se hallaron los más de 153 mil libros, que estaban “listos para ser distribuidos, incluso con sus respectivos embalajes” y que suman un perjuicio de más de $6 mil millones. Esto, teniendo en cuenta el valor que tiene un libro original.
Incautan más de 150 mil libros falsificados que eran vendidos en San Diego/PDI
Romero indicó que el procedimiento se realizó en cuatro locales que están relacionados a un mismo propietario, quien, en tiempos anteriores, ya había sido vinculado a ilícitos de la misma naturaleza.
Asimismo, se detectó que los productos tenían un precio de 70% por debajo del valor de mercado, lo que “hace que el fisco deje de percibir la cantidad de $1.900 millones aproximadamente (en materia de impuestos)”.
Esto, teniendo en cuenta que no se emiten boletas o no se pagan impuestos al IVA por la venta de los libros.
En esa línea, el prefecto aseveró que hay un perjuicio patrimonial y una transgresión a las leyes, al pasar a llevar los derechos de autor.
Dos sujetos fueron detenidos por la situación. Uno, por el delito de infracción a la ley de propiedad intelectual y otro, que mantenía una orden judicial pendiente por microtráfico de drogas. Ambos fueron apercibidos, uno de ellos pasó a control de detención y el segundo pasó a control de detención ayer.
Matilde Burgos y Federico Molina ya se encuentran en la Santa Sede para entregar una cobertura en terreno del cónclave que comenzará este miércoles 7 de mayo.
