Basada en un informe de la Contraloría, la acción busca establecer responsabilidades penales por el uso indebido de recursos fiscales y exige identificar a los involucrados.
Una nueva arista de presunto mal uso de fondos públicos remece al sector público. El abogado y militante del Partido Socialista, Gabriel Salinas, presentó una querella criminal por fraude al Fisco en contra de funcionarios que habrían utilizado licencias médicas para viajar fuera del país entre 2023 y 2024, mientras continuaban recibiendo sueldos íntegros financiados por el Estado.
La acción legal, interpuesta ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se fundamenta en un extenso informe de la Contraloría General de la República, que detectó más de 35 mil licencias médicas con irregularidades.
De ellas, 25.078 fueron emitidas a trabajadores del sector público que, según el documento, habrían realizado más de 59 mil viajes al extranjero durante sus períodos de supuesto reposo.
“Estamos frente a un escándalo institucional de proporciones”, dijo Salinas, quien cuestionó la inacción de su propio partido y el deficiente control sobre el uso de licencias.
“No puede ser que quienes deben cumplir funciones públicas estén recorriendo el mundo a costa del Estado”, señaló en un comunicado.
El abogado acusó directamente a empleados públicos de la Región Metropolitana, a quienes señaló como posibles autores, cómplices o encubridores de un delito que, según explicó, vulnera el artículo 239 del Código Penal.
Esta normativa castiga a los funcionarios que, mediante engaños, obtienen beneficios económicos en perjuicio del fisco.
El informe de Contraloría también reveló que el 69% de las licencias observadas fueron emitidas por Fonasa y el 31% restante por isapres.
Aunque los trabajadores del sector público no reciben subsidio de incapacidad laboral, sí perciben su salario completo durante la licencia médica. En caso de que estas licencias sean rechazadas, las entidades previsionales deben reintegrar los fondos al empleador estatal.
“La investigación deberá determinar cuántos de estos casos llegaron a ese punto y cuánto le ha costado al país esta práctica”, puntualizó Salinas.
El abogado también apeló a fallos anteriores de la Corte Suprema, que consideran los certificados de licencia médica como documentos privados sujetos a verificación.
“El lugar de reposo señalado en la licencia puede ser fiscalizado, y si se demuestra que el funcionario se encontraba en el extranjero, estamos ante una falta grave”, agregó.
Como parte de las diligencias, el jurista solicitó que se oficie a la Contraloría para obtener la identidad de los más de 25 mil funcionarios involucrados y que se cruce esa información con datos migratorios a través de Interpol.
Además, pidió que se cite como testigos a autoridades de Junaeb y que el Ministerio de Hacienda elabore un informe financiero que cuantifique el daño fiscal.
Salinas también invocó el artículo 111 del Código Procesal Penal, que permite a cualquier ciudadano querellarse por delitos que atenten contra la probidad pública.
“Tengo legitimación activa para actuar, y lo haré”, puntualizó.
La señal nacional fue destacada en el "Informe Nacional 2025: Consumo de Noticias y Evaluación del Periodismo en Chile", elaborado por la escuela de Periodismo de la PUCV.
