Presidente de la Cámara responde a trabajadores del Congreso por fiscalización de licencias: “La transparencia es lo primero”

Por CNN Chile

27.05.2025 / 18:41

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro, se refirió a la declaración de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile, luego de los reparos que esta expuso tras el anuncio de fiscalizaciones en medio del debate por el uso de licencias médicas, a raíz del informe de la Contraloría.


El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, se refirió a los cuestionamientos planteados por la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile ante la fiscalización sobre el uso de licencias médicas, luego del informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con reposo médico.

“El tema de los funcionarios, por lo menos en la Cámara que me corresponde presidir, será tomado con la máxima seriedad. En ese sentido, aplicaremos las máximas acciones a aquellas personas que se han desviado de lo lógico de un funcionario público, que es cumplir su labor sin salirse de la ley y, por supuesto, manteniendo un régimen de probidad”, subrayó Castro.

En esa línea, detalló que se ha dado un plazo máximo de tres meses para realizar las respectivas investigaciones, “con todos los sumarios. Y si hay temas que tengamos que enviar a la Fiscalía, así lo vamos a hacer. Pero para nosotros, la transparencia es lo primero”.


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Por su parte, desde la organización cuestionaron la forma en que esta medida fue comunicada públicamente, sin diálogo previo con los sindicatos, y advirtieron que podría vulnerar derechos fundamentales.

Uno de los puntos que genera preocupación es la posible colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI) mediante la entrega de datos personales sensibles, como los desplazamientos físicos de trabajadores, sin orden judicial ni amparo legal.

“La PDI no es un órgano subordinado a esta Corporación, ni se encuentra obligada a entregar información sensible a un poder del Estado que no forma parte del Ejecutivo. No existe habilitación normativa para requerir tales antecedentes a un órgano policial”, señalaron en un escrito.